lunes, 30 de abril de 2018

La Manada, sentenciada

La Manada, sentenciada

Domingo 29 de abril de 201808:39h

La sentencia de la Audiencia de Navarra sobre los miembros de La Manada, al condenarlos por abuso sexual, pero no por violación, ha provocado indignación en sectores feministas y muchos dirigentes políticos han acusado a los magistrados por su “misoginia”. Sin elementos de juicio y sin estudiar debidamente la sentencia, dirigentes de todos los partidos y la mayoría de los medios de comunicación han hecho un juicio paralelo, en muchos casos sin pruebas.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha salido al paso de estas reacciones para defender el trabajo de los jueces encargados de juzgar el caso de la Manada y para destacar que el tribunal valoró minuciosamente todos los elementos de prueba aportados por las partes. El presidente del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces ha criticado en especial las descalificaciones vertidas por personas con responsabilidades públicas y ha advertido de que, con ellas, se compromete gravemente la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
Asegura Lesmes que el tribunal valoró las pruebas aportadas de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la Jurisprudencia que resulta de aplicación, que son "los únicos criterios a los que están sometidos los jueces". Ha recordado que caben las discrepancias sobre la calificación jurídica de esos hechos, pero "pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos" establecido en el ordenamiento jurídico.

También ha admitido que las decisiones judiciales estén sometidas a la crítica pública y ha defendido el derecho a la libertad de expresión, pero no las descalificaciones pronunciadas por personas con cargos públicos."Es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales", ha recalcado Lesmes, quien ha añadido: "Son los jueces y magistrados el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas".
En especial, los dirigentes políticos deberían tener en cuenta las palabras del presidente del Supremo. La libertad de expresión ampara que los medios de comunicación expresen su opinión sobre cualquier sentencia, aunque las descalificaciones personales y los insultos puedan resultar exagerados e injustos. Sin embargo, los dirigentes políticos deberían respetar la independencia judicial y, en caso de que consideren que la Jurisprudencia en cuestión pueda estar desfasada, tienen la potestad de reformar el Código Penal, como ya ha sugerido el Gobierno. Sin duda, los partidos políticos están obligados a atender las reivindicaciones de los ciudadanos. Sin duda, la sentencia de La Manada puede resultar escandalosa para muchos. Pero insultar gravemente a los jueces, como han hecho Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, resulta lamentable.

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