La multimillonaria factura que deja tras de sí la última riada del Ebro
Aragón y Navarra echan cuenta de las pérdidas. Cataluña queda a salvo gracias al embalse de Mequinenza
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La punta de la crecida del Ebro atravesó ayer la Ribera Baja aragonesa y desde la pasada noche encara el embalse de Mequinenza, la gran presa que «neutraliza» la riada y evita que alcance al tramo catalán. Este nuevo episodio de inundaciones deja un panorama desolador en el campo: unas 20.000 hectáreas inundadas, cultivos arrasados e importantes afecciones en explotaciones ganaderas en las que no se pudo evacuar a tiempo a los animales.
A eso hay que sumar los daños en infraestructuras públicas y el costoso dispositivo de emergencia que se ha tenido que desplegar durante prácticamente una semana para hacer frente a la crecida: 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), maquinaria pesada, otros 200 efectivos de otros organismos y adminsitraciones que han trabajado sobre el terreno, y medios técnicos dispuestos por la Administración central, el Gobierno aragonés, la Diputación de Zaragoza y los ayuntamientos ribereños.
Ahora toca echar cuentas de las pérdidas y vuelve a evidenciarse un problema que en los últimos 20 años ha ido a más, porque las inundaciones del Ebro son cada vez más frecuentes. En los pueblos afectados se quejan de que la normativa medioambiental impide limpiezas en profundidad en el Ebro. Hace unos quince años, la Administración aragonesa apostó por endurecer la protección legal del río y le blindó frente a los antiguos dragados que se hacían periódicamente.
El cambio fue relevante y, en la práctica, eso hace que el cauce vea mermada su capacidad paulatinamente, conforme se van acumulando sedimentos, materiales de arrastre y vegetación. A menos capacidad de desague, cada vez hace falta menos agua para provocar desbordamientos. Lo ocurrido desde 2003 es revelador: ocho episodios de riadas con inundaciones más o menos severas. Las más devastadoras, en 2003, en 2015 y la que se ha vivido ahora, desde el jueves de la semana pasada.
Entre 20103 y 2015, esa cadena de inundaciones del Ebro dejó en Aragón unas pérdidas de más de 250 millones de euros, según las estimaciones de las organizaciones agrarias y el presupuesto destinado por las administraciones públicas para reparar infraestructuras. A esa «factura» se añadirá la que ha dejado la riada de estos últimos días.
En el sector agropecuario, los daños son multimillonarios. Todavía no hay cálculos y tendrán que pasar varios días hasta que haya una estimación suficientemente detallada. Se confía en que, al final, los efectos hayan sido menores que en la riada de 2015, aunque llevó caudales similares. En aquella ocasión las organizaciones agrarias estimaron pérdidas de unos 50 millones de euros en toda la cuenca del Ebro, más de la mitad de ellos en Aragón.
Ahora, en los pueblos ribereños vuelven a alzarse voces exigiendo que las administraciones se pongan de acuerdo para acometer limpiezas del cauce en profundidad, y así recuperarle capacidad perdida. También que se revisen con rapidez y eficacia las márgenes de contención. Es lo que llevan años reclamando las organizaciones agrarias y la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre). Aseguran que el problema no es que haya más agua, es que hay menos río, un cauce cada vez más achicado por la falta de limpieza y de dragados. Pero en este punto la controversia está servida. Otras voces, desde el lado del conservacionismo, rechazan los dragados e insisten en que debe preservarse el cauce. Y la política tampoco se pone de acuerdo.
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