ENVÍA UN NUEVO INFORME AL TRIBUNAL DE SCHLESWIG-HOLSTEIN
Llarena pide la extradición de Puigdemont por sedición
| Carles Puigdemont. (Foto: EFE) |
EL IMPARCIAL
Viernes 11 de mayo de 2018, 11:35h
Plantea entregarle sólo por estos delitos, pero argumenta porqué la Justicia española se decanta por la rebelión.
El juez Llarena ha enviado un nuevo informe al tribunal alemán de Schleswig-Holstein en el que plantea al juez la opción de entregar a Carles Puigdemont sólo por el delito de sedición, aunque también argumenta jurídicamente las razones por las que la Justicia española se decanta por la rebelión.
El programa 'Herrera en Cope' ha adelantado en exclusiva el contenido del informe, que fue enviado hacia Alemania el pasado 26 de abril. En sus 17 folios el magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo relata los hechos acaecidos en Cataluña, previos a la aplicación del 155, y expone los motivos por los que, a su entender, estos hechos son constitutivos de un delito de rebelión, por el que ya ha procesado a otros 22 altos cargos del último Govern golpista.
Pero el asunto realmente importante es el de la justificación del delito de rebelión, cuya clave de bóveda jurídica es la concurrencia de violencia.Para Llarena el tribunal alemán no puede negar este requisito “sin observar las pruebas, contrapruebas y matices, ni sin evaluar el material probatorio recogido en la investigación”.
El juez recuerda a Alemania que para España rebelión es:
-Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
-Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
-Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.
“Alternativamente”, recuerda que según el 544 del Código Penal podría ser sedición... alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes.
Relato de los hechos
Llarena recuerda que Alemania pide que la violencia tenga intensidad suficiente para comprometer la de manera efectiva la capacidad de decisión del Gobierno, y para eso incluye en su informe un detallado relato de los hechos con el que intenta demostrar que existió violencia y por tanto rebelión.
El juez relata punto por punto todos los hechos acaecidos entre el 30 de septiembre frente a la consellería de Economía hasta el 1 de octubre, fecha de celebración del referéndum ilegal, con manifestaciones masivas, desobediencia parlamentaria, fuerte condicionamiento de la vida social y económica y la dudosa actuación de los Mossos, a quienes Llarena culpa de no cumplir con su obligación durante el 1-O o de mantener conversaciones con 'los Jordis'.
Lo expuesto refleja que el movimiento secesionista es pacífico si la actuación del Estado no se opone a su estrategia, y su procedimiento de actuación se toma violento en caso contrario.
La opción de la sedición
A pesar de lo anterior, Llarena deja la puerta abierta a la posibilidad de acusar a Puigdemont sólo por sedición, lo que implicaría la inexistencia de violencia. En su escrito el juez del Supremo aceptaría la entrega por este delito, que aunque acarrea penas inferiores a la rebelión permitiría una condena de hasta 15 años.
De hecho, el magistrado explica que la Fiscalía española mantiene abierta esa posibilidad, una opción que se incluye en la propia querella con la que se activó la causa. Lo que el juez también explica en el escrito, adelantado por La Vanguardia, es que no cabría una acusación limitada a la desobediencia o a la malversación, dada la magnitud de los hechos delictivos. En ese caso, Llarena recurriría directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclarase los términos en los que se debe responder a una euroorden.
Piezas separadas
Por otra parte, el juez ha dictado una providencia en la que acuerda, a petición de la Fiscalía, dividir la causa en dos piezas separadas, la principal, con todos aquellos que están puestos a disposición de la justicia o y otra con los siete huidos, declarados en rebeldía.
Llarena entiende que "existen elementos suficientes" para que Puigdemont (Alemania), los exconsellers Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica) y Clara Ponsatí (Escocia), la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel (Suiza) puedan "ser juzgados de forma independiente".
El juez ha tomado esta decisión tras constatar que la diferencia de ritmospodría dilatar el proceso e impedir su objetivo de que los hechos se juzguen este mismo año, según explican las fuentes.
Además, en la misma providencia, el instructor pide a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, los correos electrónicos de los mandos de los Mossos d'Esquadra y la relación de llamadas entre los investigados, respecto de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre en la Consellería de Economía y al referéndum del 1-O.
También pide al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga el referéndum independentista del 1 de octubre, diversas actuaciones como el informe de la Guardia Civil sobre malversación de fondos públicos en los preparativos y ejecución del 1-O con facturas y evidencias.
Requiere además los informes sobre el contenido de la agenda moleskineintervenida a Josep María Jové, considerado organizador del referéndum del 1-O y diputado en la actual legislatura, y sobre el análisis de la documentación intervenida en su despacho.
Lo hace después de que el juez del 13 de Barcelona enviara a Llarena una exposición razonada ante la aparición de indicios contra Jové y LLuis Salvadó, que fue secretario de Hacienda del Govern y es diputado de ERC, y Llarena preguntara hace días a la Fiscalía si procede imputar a estas dos personas.
Llarena entiende que "existen elementos suficientes" para que Puigdemont (Alemania), los exconsellers Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica) y Clara Ponsatí (Escocia), la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel (Suiza) puedan "ser juzgados de forma independiente".
El juez ha tomado esta decisión tras constatar que la diferencia de ritmospodría dilatar el proceso e impedir su objetivo de que los hechos se juzguen este mismo año, según explican las fuentes.
Además, en la misma providencia, el instructor pide a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, los correos electrónicos de los mandos de los Mossos d'Esquadra y la relación de llamadas entre los investigados, respecto de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre en la Consellería de Economía y al referéndum del 1-O.
También pide al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga el referéndum independentista del 1 de octubre, diversas actuaciones como el informe de la Guardia Civil sobre malversación de fondos públicos en los preparativos y ejecución del 1-O con facturas y evidencias.
Requiere además los informes sobre el contenido de la agenda moleskineintervenida a Josep María Jové, considerado organizador del referéndum del 1-O y diputado en la actual legislatura, y sobre el análisis de la documentación intervenida en su despacho.
Lo hace después de que el juez del 13 de Barcelona enviara a Llarena una exposición razonada ante la aparición de indicios contra Jové y LLuis Salvadó, que fue secretario de Hacienda del Govern y es diputado de ERC, y Llarena preguntara hace días a la Fiscalía si procede imputar a estas dos personas.
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