miércoles, 2 de mayo de 2018

Un juez abre investigación a uno de los profesores de Sant Andreu por señalar a hijos de guardias civiles

El instituto IES El Palau de Sant Andreu de la Barca en una foto de archivo - INÉS BAUCELLS

Un juez abre investigación a uno de los profesores de Sant Andreu por señalar a hijos de guardias civiles

Otro juzgado tiene sobre la mesa la denuncia de la Fiscalía contra los otros ocho maestros

BARCELONAActualizado:02/05/2018 13:38h

Un juzgado de Martorell (Barcelona) yaha abierto una investigación contra uno de los nueve profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca denunciados por la Fiscalía por «humillar» a hijos de guardias civiles tras las cargas policiales del 1 de octubre.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Juzgado de Instrucción número 3 de Martorell ha abierto diligencias contra este maestro por los presuntos delitos de discriminación y contra la integridad moral. Está imputado, pero todavía no ha sido citado a declarar.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 7 de la misma localidad tiene sobre mesa la denuncia contra los otros ocho profesores. Este juez todavía no se ha pronunciado sobre si abrirá investigación contra estos maestros.

De esta forma, la causa se ha dividido en dos procedimientos, según la fecha de los hechos denunciados Lo investigarán dos jeuces diferentes: el grueso de la investigación corresponde a lo que sucedió el 2 de octubre, inmediatamente después del referéndum, y, al margen, se indagará sobre lo que aconteció con uno de los maestros el 20 de octubre.

Este profesor, David, en una clase optativa de 3º de la ESO el 20 de octubre preguntó a los alumnos: «Que levanten la mano los hijos de los guardias civiles», siempre según la versión que la Fiscalía dio en su denuncia.

El maestro dijo a estos alumnos que entendía que no quisieran participar en una huelga prevista para cinco días después dada su condición de hijos de guardias civiles y de que no eran independentistas. Supuestamente les dijo que deberían ir al instituto para hacer clases con normalidad.

Con esta actitud, el profesor puso «en evidencia ante todos los alumnos a aquellos que eran hijos de guardias civiles, señalándolos de esta forma para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula», según la Fiscalía.

Entre los alumnos estaba una menor, de 14 años, hija de una agente del Instituto Armado destinado en el cuartel de Sant Andreu de la Barca, a escasos metros del centro educativo.

Por otro lado, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, y su homólogo de Seguridad, José Antonio Nieto, se reunirán el próximo martes día 8 en Barcelona con una representación de los guardias civiles padres de alumnos del instituto.

La reunión, que se celebrará por la tarde y tras la misma se realizarán declaraciones a los medios, se produce a iniciativa del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Fuentes del Gobierno han avanzado a ABC que en el transcurso del encuentro se dará a conocer el contenido de las investigaciones sobre el caso llevadas a cabo por los dos ministerios desde que estalló el conflicto.

Tal como avanzó ABC en su edición del pasado día 26 de abril los Servicios Territoriales de la consejería de Enseñanza han realizado su propio análisis de los hechos, aunque aún no lo han hecho público. Esta inhibición de la Generalitat en el caso ha indignado a la comunidad educativa, según denunció en declaraciones a este diario el profesor del IES El Palau, Josep Lluís del Alcázar.

El informe, al Ministerio

Fuentes del departamento de Enseñanza han expresado hoy su apoyo a los docentes investigados y han precisado a ABC que el informe interno sobre el caso «ya está hecho y enviado al Ministerio».

Lo que no han aclarado ni la Generalitat ni el Ministerio es si el citado informe de los Servicios Territoriales se ha incluido en la investigación que se hará pública la proxima semana.

El departamento de Enseñanza han asegurado que «el proceso está abierto y, hasta que se resuelva, el centro tiene que funcionar con normalidad, como ha pasado en estos últimos siete meses».

«De hecho, el departamento trabaja día a día para dar normalidad a todos los centros educativos», han subrayado las mismas fuentes, después de la concentración de este mismo martes en la plaza del Ayuntamiento de la localidad para apoyar a los nueve profesores del instituto denunciados por la Fiscalía.

En plena polémica por el caso de Sant Andreu, la exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí, fugada al Reino Unido, ha pedido en un tuit que desde la consejería se publique el informe de la Inspección de Educación de la Generalitat sobre el día siguiente al 1-O y por el que Fiscalía ha denunciado a los nueve profesores.

Azaña: «España ha dejado de ser católica»

Azaña: «España ha dejado de ser católica»

POR FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR

Día 01/12/2014 - 10.47h

El entonces ministro de la Guerra pronunció esta célebre y polémica frase el 13 de octubre de 1931 en el Congreso

Azaña: «España ha dejado de ser católica»

ABC

Manuel Azaña, en el Congreso de los Diputados

La ruptura del consenso político, en los primeros meses de la II República, tiene un momento simbólico en la memoria de los españoles. El 13 de octubre de 1931, el debate sobre la futura Constitucion alcanzó su punto culminante con el discurso del aún ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que contenía una frase, en cuyo enunciado e intenciones se ha querido encontrar la fractura definitiva entre dos modos de entender la cultura y la política nacionales: «España ha dejado de ser católica».

No puede reducirse la gravedad de sus palabras al apresuramiento acalorado de una réplica parlamentaria o al desliz involuntario de un comentario de tertulia. El próximo jefe del Gobierno, ya convertido en la figura más destacada del republicanismo español por sus continuas intervenciones en el Congreso de los Diputados, que contrastaban con el silencio de Lerroux, deseaba hacer de la discusión sobre el artículo 26 del proyecto constitucional una de las tres rupturas que perfilaban su ideario republicano: la forma de gobierno, la reforma social y el laicismo del Estado.

Por el valor simbólico y la voluntad política que Azaña quiso inculcar a sus palabras, merece la pena detenerse en lo que podría ser fácilmente desautorizado como una agresión intolerable a la españolidad o rebajado a una suerte de chascarrillo de escaño. Fue una de las intervenciones más brillantes y mejor medidas del líder republicano en la Cámara. Y en ella se advierte algo más que el tosco anticlericalismo jaleado por muchos de los que se tienen por seguidores del tribuno y casi todos los que se consideran sus enemigos.

En aquel discurso aparecía clara la voluntad de liquidar una legislación que se juzgaba superada por los acontecimientos y la modernización de la sociedad española, aunque saliendo al paso de quienes creían que la ley debía atenerse a los sofocones coyunturales del ánimo popular: «La legislación no se hace solo a impulso de la necesidad y de la voluntad; no es tampoco una obra espontánea; las leyes se hacen teniendo también presente el respeto a principios generales admitidos por la ciencia o consagrados por la tradición jurídica».

Garantía de estabilidad

Las leyes habían de reformarse para ser «garantía de estabilidad en la continuación», nunca baluarte de «la obstrucción y del retroceso». Los legisladores tenían que dar solución política al desajuste entre las instituciones y la voluntad social pero no debían contentarse con la pura y simple certificación de cambios impuestos por el humor de la opinión pública. A Azaña no puede reprochársele, en el más famoso de sus discursos, ni improvisación, ni frivolidad ni, menos aún, un populismo anticlerical que hoy asoma en tantos debates superficiales.

Y es que, por entonces, la idea de España se tomaba tan en serio, que a ella se subordinaban la acción del legislador y la reflexión del dirigente político. La frase de Azaña respira una honda convicción española que se le ha negado en la derecha, y un orgullo de la tradición nacional que se le ha expropiado en la izquierda. Otra cosa bien distinta es el desacuerdo que provoque esa solemne afirmación.

La meditación sobre nuestra cultura le había llevado a Azaña al convencimiento de que España había dejado de ser católica. Si el dirigente republicano negaba el carácter católico de la España de 1931 era porque la comparaba con la que en otras épocas se había distinguido por propagar el mensaje del catolicismo en buena parte del mundo. «El genio español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo, como su genio político se derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos».

Azaña se encaramaba a un observatorio intelectual desde el que se comprendía la cultura acuñada por España para Occidente en los albores de la modernidad. «España, en el momento del auge de su genio, cuando España era un pueblo creador e inventor, creó un catolicismo a su imagen y semejanza». El catolicismo se apoyó en el brazo imperial y el poderío político de España, en su fervor creativo literario y artístico; se convirtió en mentalidad social y en proyecto al que nuestra nación dotó de contenido en los años del Renacimiento y la Contrarreforma. «Allí está todavía la Compañía de Jesús, creación española, obra de un gran ejemplar de nuestra raza, y que demuestra hasta qué punto el genio del pueblo español ha influido en la orientación del gobierno histórico y político de la Iglesia de Roma».

Esa España identificada con la religión católica, esa España puesta al servicio de una misión espiritual que dio sentido a la cultura nacional no existía ya en 1931, pensaba Azaña. Podía haber millones de creyentes en nuestro país, del mismo modo que hubo disidentes religiosos insignes en los años del Imperio y la Monarquía Universal. Pero se trataba realmente de una mera masa de fieles, no de una cultura que siguiera siendo hegemónica, creadora, capaz de batirse con los avances del pensamiento en el siglo XX.

Hondura de la controversia

Ahí radica la hondura de la controversia planteada por Azaña, lejos de los dislates del anticlericalismo o del estúpido desprecio de una tradición nacional. A ella dieron cumplida respuesta los católicos españoles en el mismo debate parlamentario, más allá de la defensa de intereses concretos de la Iglesia; un aspecto importante, aunque no exclusivo en aquel enfrentamiento intelectual de envidiable estatura. España había dejado de ser católica para Azaña, porque nuestra nación ya no podía identificar su ideario con el catolicismo que la inspiró en los comienzos de la Edad Moderna.

En aquella frase provocadora y meditada latía, sin embargo, el deseo de articular cualquier reforma sobre la certeza del mantenimiento de una tradición, sobre el respeto y, desde luego, superación de lo que había sido inspiración ideológica de una nación, sustancia de una empresa colectiva, idea creadora de una larga trayectoria histórica de Occidente

Esta efeméride cambia de sentido y de fecha según la época y el lugar de celebración

¿Por qué se celebra el primer domingo mayo el Día de la Madre?

Esta efeméride cambia de sentido y de fecha según la época y el lugar de celebración

MADRIDActualizado:02/05/2018 02:49h

El Día de la Madre no se ha celebrado siempre el primer domingo de mayo. Ni siquiera es igual en todos los países, donde el sentido cambia teniendo en cuenta la época y el lugar. La efemérides comienza en el Egipto antiguo, donde tuvo un claro componente simbólico y mitológico: se rendía homenaje a la diosa Isis, también conocida como la «Gran diosa madre» o la «Fuerza fecundadora de la naturaleza». Un homenaje parecido al que se le rendiría después a la diosa Cibeles en Roma y Asia Menor o a la diosa Rea en Grecia. Aunque en ninguno de estos ejemplos la fecha actual quedó, obviamente, establecida.

En Europa, el primer antecedente lo encontramos a finales del siglo XVI y se celebraba el cuarto domingo de Cuaresma. Un día que se empleaba para honrar con flores y otras ofrendas a la Iglesia en la que cada uno había sido bautizado. es decir, la «Iglesia Madre».

En 1600, con la aprobación de un decreto, el día adquirió otro significado. Este implicó que los siervos de las grandes familias pudieran volver a sus hogares ese día de Cuaresma. El festejo era parecido al actual Día de la Madre. Es decir, una especie de día de conciliación laboral para que las clases trabajadoras pudieran reunirse con sus familias y celebrar este día.

Los diferentes países

En los siglos posteriores, la Iglesia católica comenzó a honrar en Europa a la virgen María, madre de Jesús de Nazaret. Una costumbre que se oficializó el 8 de diciembre de 1854, cuando el papa Pío IX asignó esta celebración con el día de la Inmaculada Concepción.

Fue en 1870 cuando la activista estadounidense Julia Ward Howe organizó, en Boston, una gran manifestación pacífica y religiosa a la que invitó a todas las madres de familia que habían perdido a sus hijos en la guerra civil americana. El día elegido fue el 2 de junio. Una campaña a la que se sumó tres décadas después Anna Reeves Jarvis, que, en 1908, comenzó a movilizarse para que se instaurase ese día en honor a las madres. Fue esta otra activista la que escribió a personalidades públicas e influyentes de la época para que apoyaran su petición y establecieses la efeméride en el aniversario de la muerte de su madre, el segundo domingo de mayo.

La iniciativa tuvo un enorme éxito. En 1910 se celebró en la mayor parte de Estados Unidos. Y así continuó en los años siguientes hasta que, en 1914, el presidente Woodrow Wilson convierte el Día de la Madre en una celebración oficial, que tendrá lugar el segundo domingo de mayo.

España

En España, aunque existen registros de cómo ciertas cofradías le rendían culto a la virgen de la Inmaculada en Gerona en 1330, es desde 1644 cuando el Día de la Madre se empieza a celebrar el 8 de diciembre. Esto se mantiene precisamente hasta que Wilson puso en marcha su medida. Fue ahí cuando se planteó celebrar la fiesta de esta virgen, por un lado, y el Día de la Madre, por otro.

En 1965 es cuando el Día de la Madre se traslada al primer domingo de mayo, tal y como lo conocemos hoy. El hecho de que se celebre en mayo no es casual, ya que este mes es el quinto mes del año y el mes de la virgen María, madre de dios.

PUIGDEMONT PAGA A LA MASONERÍA

Luis María ANSON

En tiempos de la dictadura de Franco solo había una cosa peor que proclamarse comunista: ser masón. Hoy, la masonería es legal, goza de respeto social y la gente se ríe de la manía persecutoria del antiguo dictador. Conserva influencia en algunos países de Europa y también en Estados Unidos.

El expresidente felón Carlos Puigdemont pagó al Gran Oriente de Cataluña una suculenta cantidad para que defendiera el derecho de autodeterminación de los catalanes. La información que ha proporcionado OK Diario no tiene desperdicio. En la web del Gran Oriente se lee: “El Gran Oriente de Cataluña, familia catalana de la gran masonería universal, se declara potencia masónica simbólica, independiente y soberana que ejerce su jurisdicción en el territorio nacional catalán”.

Mientras el Gobierno de España permanecía en la inopia, Carlos Puigdemont no daba puntada sin hilo. Su red de embajadas, amén de centenares de colaboradores, hacían lobby en las principales naciones del mundo para crear un clima favorable a lo que más tarde se convirtió en un intento de golpe de Estado. Varios de los presuntos golpistas están hoy en la cárcel y otros varios son prófugos en países extranjeros. Pero la lección está ahí. Mientras Rajoy “no hace nada porque el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico”, los alfiles de la Generalidad se movían por el tablero del ajedrez internacional ganando posiciones.

La subvención al Gran Oriente de la masonería catalana es solo la punta del gigantesco iceberg de patrocinios, mamandurrias, concesiones y despilfarros del más vario género de la Generalidad para potenciar el aliento secesionista, fuera de la ley, de un sector de los dirigentes catalanes.

martes, 1 de mayo de 2018

La Guardia Civil y el caso ERE

Pedro de TenaLa Guardia Civil y el caso ERE

Desde hace unos día, en el juicio de los ERE han tenido protagonismo especial los agentes de la UCO.

2018-05-01

Contaba Julio Camba en un famoso artículo titulado precisamente La Guardia Civil que la Benemérita era impopular en su tiempo republicano porque era una de las pocas cosas que funcionaban bien en España. Y lo explicaba: "Al español no le gusta que las cosas funcionen bien, porque si las cosas funcionan bien, él tendrá que funcionar bien a su vez, y este sistema no le ofrece ventaja ninguna. Con un tren que salga siempre a la hora exacta, por ejemplo, no cabrá nunca seguridad de llegar a tiempo a la estación, y de igual modo, con un ministro honrado o con un funcionario insobornable no se podrá jamás conseguir un destinillo ni activar un expediente. La Guardia Civil era exacta, era honrada y era insobornable."

Desde hace unos días, el juicio por el procedimiento específico de los ERE, o "pieza política" separada de los demás sumarios del caso, ha entrado en la fase testifical y, dentro de ella, han tenido protagonismo especial los agentes de la UCO que intervinieron, de la mano de la juez Alaya, en la instrucción y determinación de lo ocurrido. Sus testimonios han sido altamente perjudiciales para la cúpula de la Junta de Andalucía que se sienta en las sillas de los acusados.

Un resumen ajustado de lo declarado en calidad de testigos por los jefes, responsables y agentes de la UCO – esto es, con obligación de decir verdad -, incluye que no hubo fiscalización previa de ayuda alguna y que la cúpula de la Junta lo conocía todo señalando especialmente al exconsejero de Presidencia y mano derecha de Manuel Chaves en la Junta, Gaspar Zarrías.

Además de confirmar y reafirmarse en todos los informes y atestados emitidos han asegurado que las ayudas concedidas irregularmente no se atenían a normal legal alguna, ni cumplían requisitos ni se verificaba nada de ellas. Esto es, eran sencillamente arbitrarias y las daba el gobierno de la Junta a quien quería.

Pero, sobre todo, han dejado como un hecho comprobado que el todopoderoso ex consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves en el período considerado y ejecutor esencial de sus designios, conocía y amparaba el sistema. Según el Guardia Civil, la Comisión General de Viceconsejeros –los denominados consejillos– tenía la capacidad de decidir qué llegaba al Consejo de Gobierno y qué no.

Según sus testimonios, Zarrías, como consejero de Presidencia, "habría presidido un total de ocho sesiones ("consejillos") en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió". Es más, informaron que Zarrías llamaba a los criterios para conceder las ayudas de ERE y otras como "criterios de singularidad".

Por ejemplo, el Consejillo impidió que una ayuda a la empresa Pickman de 1,8 millones de euros y otra a Anovo en 2004 llegaran al consejo de gobierno de la Junta que presidía Manuel Chaves, "troceando" el montante total en diferentes ayudas de menor cantidad para que por el límite de estas no necesitaran ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.

Incluso el consejillo presidido por Zarrías decidía si llegaban o no al consejo de Gobierno los intentos de normalización y legalización de las ayudas, como lo fueron "los borradores de decretos que surgieron en la Dirección General de Trabajo o Consejería de Empleo para regularizar las ayudas, ni determinadas ayudas concretas". Precisamente, un proyecto de decreto para regular las ayudas y el fondo de dónde se extraía el dinero no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al consejillo. Sencillamente se impidió que llegase.

Sin embargo, no fue la Guardia Civil la que comenzó la instrucción del caso ERE de la mano de la juez Alaya en sus primeros compases vinculados a Mercasevilla. Fue la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla. Pero recuerden que la juez Alaya quitó a este grupo policial la investigación de los ERE fraudulentos en junio de 2011 para entregársela a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Desde entonces, se ha venido especulando con qué fue lo que pasó para que la juez decidiera el cambio, que fue asumido como un agravio comparativo por una Policía que tradicionalmente, sufre de celos sistemáticos de la Guardia Civil. Para tener otra muestra, tómese como botón la insistencia de los padres de Marta del Castillo en que fuese la Guardia Civil y no la policía nacional la que se hiciese cargo del caso del asesinato y desaparición de su hija.

Dos versiones se han dado. Una, la inclinación de la juez Alaya a instruir sin demasiados fundamentos el caso Mercasevilla, origen del caso ERE, con la única intención de perjudicar a la coalición de gobierno en el Ayuntamiento sevillano formada por PSOE e IU, a la que sucedería la mayoría absoluta del PP encabezada por Juan Ignacio Zoido, al que se relacionó de un modo u otro con la juez Alaya. Luego de desembocó en el caso ERE, como es sabido.

En esta interpretación, que luego se apuntaló con la sentencia final del caso Mercasevilla que exculpó a los principales dirigentes de la coalición social comunista, la juez Alaya apoyaba al PP y a su candidato Zoido. Era una gravísima acusación que se ha reiterado de diversos modos en medios de comunicación y declaraciones de algunos de los que fueron imputados por la juez Alaya en el caso.

Se ha llegado a hablar de la presencia de juego sucio del PP y la juez Alaya en el caso. El comunista y corresponsable de la gestión en Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, imputado y finalmente absuelto en el caso, ha llegado a hablar de persecución judicial y se planteó ejercer acciones judiciales contra la juez Alaya.

El otro polo de la cuestión es el comportamiento de la Policía Judicial en el caso, subrayado incluso por otros jueces, como Ángel Márquez, instructor del caso Juan Guerra. En esta otra interpretación de los hechos, la Policía Judicial y su conducta parecían ajustarse como un guante a las versiones proporcionadas por los imputados por la juez Alaya que tenían relación con el PSOE y sus terrenos aledaños.

Precisamente, el juez Márquez, presidiendo la Sala que veía un asunto relacionado, no dio crédito a lo que sus oídos estaban oyendo dado que la versión del policía declarante encajaba perfectamente con el testimonio del socialista y conseguidor Juan Lanzas, realizada el día anterior.

En esta versión, la juez Alaya decidió liberarse de la intromisión política que se ejercía a través de la Policía Judicial en su propia instrucción. No se olvide que la juez Alaya apartó a la Policía en junio de 2011, cuando aún gobernaba en España el PSOE dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. Una vez asumido el caso por la Guardia Civil, los ERE como asunto judicial crecieron y crecieron hasta llegar al Tribunal Supremo, que avaló la instrucción de la juez Alaya, y tras ser devuelto a la Audiencia Provincial debido a la renuncia a los aforamientos de los acusados, se sustancia ahora en esta instancia judicial en Sevilla.

Hay que esperar que el comportamiento de la Guardia Civil, que nadie pone en duda por el momento, sea el insobornable que Julio Camba recordaba en su artículo: "Yo he jugado muchas veces al tute con el cabo de la Guardia Civil en los cafés de pueblo, y era en vano que le dejase al hombre cantar siempre las cuarenta, porque si en época de veda se me ocurría salir al campo con una escopeta, nadie me libraba de pagar la multa correspondiente."

AIFEREZ

La Agrupación al Servicio de la República condena los sucesos

La multitud esótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías.- Unas cuantas ciudades de la República han sido vandalizadas por pequeñas turbas de incendiarios. En Madrid, Málaga, Alicante y Granada humean los edificios donde vivían gentes que, es cierto, han causado durante centurias daños enormes a la nación española, pero que hoy, precisamente hoy, cuando ya no tienen el Poder público en la mano, son por completo innocuas. Porque eso, la detentación y manejo del Poder público, eran la única fuerza nociva de que gozaban. Extirpados sus privilegios y mano a mano con los otros grupos sociales, las Ordenes religiosas significan en España poco más que nada. Su influencia era grande, pero prestada: procedía del Estado. Creer otra cosa es ignorar por completo la verdadera realidad de nuestra vida colectiva.

Quemar, pues, conventos e iglesias no demuestran ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas. El hecho repugnante avisa del único peligro grande y efectivo que para la República existe: que no acierte a desprenderse de las formas y las retóricas de una arcaica democracia en vez de asentarse desde luego e inexorablemente en un estilo de nueva democracia. Inspirados por ésta, no hubieran quemado los edificios, sino que más bien se habrían propuesto utilizarlos para fines sociales. La imagen de la España incendiaria, la España del fuego inquisitorial, les habría impedido, si fuesen de verdad hombres de esta hora, recaer en esos estúpidos usos crematorios.

La bochornosa jornada del lunes queda, en alguna parte, compensada en Madrid por la admirable del domingo. La prontitud, espontaneidad y decisión con que la gente madrileña reaccionó ante la impertinencia de unos caballeritos monárquicos fue una amonestación suficiente, por el momento, que daba al Gobierno motivo holgado para podar ejecutivamente su ingénita petulancia. Nada más debió hacerse. De otro modo, aprenderían un juego muy fácil, consistente en provocar con un leve gesto de ellos convulsiones enormes en el pueblo republicano. No; si quieren, en efecto, suscitar en nosotros grandes sacudidas, que se molesten, al menos, en preparar provocaciones de mayor tamaño. A ver si pueden.

Lo que es preciso evitar de la manera más absoluta es que falte al Gobierno, ni durante una fracción de segundo, la confianza en sí mismo y en la plenitud de su representación. Este Gobierno, si alguno en el mundo, ha sido ungido por la más clara e indiscutible voluntad de la nación. Los enemigos de la República no han intentado siquiera ponerlo en duda, cualesquiera que fueren sus ilusiones y sus manejos de otra índole. En cuanto a los republicanos, es cosa de evidencia rebosante que nadie puede presumir de haber hecho más por la República que ese grupo de hombres exaltado hoy a los cargos de ministros y demás oficios gubernativos. Nadie ha trabajado más por el cambio de régimen; nadie se ha expuesto más entre los españoles vivientes. Es, pues, intolerable que grupo alguno particular, atribuyéndose con grotesca arbitrariedad la representación de los deseos nacionales, reclame tumultuariamente del Gobierno medidas y actuaciones que el capricho haya inspirado. Son demasiados los millones de españoles los que han votado a la República para que el montón de unos cientos o unos miles aspire a ser más España toda que el resto gigantesco. Con toda esta teatralería de vetusta democracia mediterránea hay que acabar desde luego y sin más. No hay otro «pueblo» que el organizado. La multitud caótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías.

Por otra parte, esa plenitud de representación que en el Gobierno reside le obliga a conservar intacto el depósito soberano de confianza que entera una nación le ha entregado. Es el Gobierno de todos los que han votado la República, y tiene el deber tremendo de llegar integro y sin titubeos hasta el momento en que nos devuelva, instaurado, ya, el nueva Estado: la República española.

Porque de esto se trata estrictamente y no de anticiparse a calificar esa República con uno u otro adjetivo. Después de siglos de despotismo franco o disfrazado va España, por vez primera, a decidir con libertad, e inspirándose en su destino más propio, la organización de su vida. Por eso es muy especialmente criminal todo intento de tiranizarla de nuevo imponiéndole formas de imitación. La originalidad, a veces dolorosa, de nuestra historia, augura con toda probabilidad soluciones y modos nuevos que pocos sospechan hoy. Por lo menos, no hay gran riesgo en vaticinar que España no será -como algunos dicen por ahí- una República burguesa. Sólo el desconocimiento pleno de nuestra conformación histórica puede creer tal cosa. España, que no ha podido vivir con plenitud, ni siquiera con suficiencia, la época Moderna, precisamente porque le faltó burguesía, no es verosímil que a esta altura de los tiempos y bajo una forma republicana resulte, por magia, constituida en nación específicamente burguesa. Todo anuncia más bien que España llegue a organizarse en un pueblo de trabajadores. El modo y el camino para arribar a ello serán, de seguro, distintos de los que se han ideado en otros pueblos, y sin gesticulación ni violencias revolucionarias. Entre innumerables razones, hace creer esto que nuestra economía es de un equilibrio tan inestable, por su escaso volumen, que ya la menor contracción de la riqueza pública -y todo intento revolucionario la suscitaría- será catastrófica y estrangulará el conato mismo de desórdenes graves.

Es preciso, por tanto, que de la manera más inmediata y resuelta impongan el tono de la nueva democracia exacta, limpia, dura como el metal técnico, cuantos españoles posean la dosis suficiente de buen sentido, y que no sean pseudointelectuales incapaces de pensar tres ideas en fila. Hoy no tiene la República más peligros que los fantasmas.

Nos induce a esta fe, entre otras cosas, ver cómo los estudiantes, que son, con el grupo de hombres gobernantes, quienes más hicieron por el advenimiento de la República, han ofrecido una nota ejemplar con su total ausencia de las asquerosas escenas incendiarias. Pero es preciso que se preparen para dar a esa ejemplaridad, en el inmediato futuro, carácter más activo. Tienen que defender fieramente la dignidad de su República. Fíense de su instinto insobornable, tesoro esencial de la juventud, del cual ha de emanar el único futuro verdadero. Fíense de él y rechacen todo lo que es falso, sin autenticidad, como esas falsas representaciones de manidos melodramas revolucionarios y esas imitaciones insinceras de lo que un pueblo semiasiático tuvo que hacer en una hora terrible de su Historia. Exijan implacablemente que se cumpla el estricto destino español, y no otro fingido o prestado

Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, R. Pérez de Ayala.

(El Sol, 11 de mayo de 1931.)